spanish.peopledaily.com.cn.- La llamada “Directiva de Retorno” de la Unión Europea, que se aplicará a partir del 2010 a los inmigrantes ilegales, es un tema que ha estado latente durante la XIX Cumbre Iberoamericana y enfrenta a los países latinoamericanos con España y Portugal y el resto del viejo continente.
En la reunión, que concluye hoy, los presidentes abordaron este tema, que ha sido una constante preocupación de los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Paraguay, Argentina y Ecuador, los que han declarado su rotundo rechazo a esta iniciativa, anunciada a mediados del 2008 y que ha sido calificada de “legalización de la barbarie” y “xenofóbica”.
Los presidentes de esas naciones, Hugo Chávez, Evo Morales, Fernando Lugo, Cristina Fernández y Rafael Correa, respectivamente, se ha pronunciado contra esa decisión migratoria.
El secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, dijo estar preocupado por “las implicaciones que tendrán estas normas”, que pueden “producir grandes injusticias”, que “minan el clima de confianza, armonía y respeto indispensable para una cooperación internacional efectiva y justa en gobernabilidad migratoria”.
Las nuevas reglas aprobadas por el Europarlamento contra la inmigración ilegal incluyen un máximo de detención de los emigrantes “sin papeles” de hasta 18 meses, antes de la expulsión.
Además, se establece que quienes sean expulsados no podrán volver a ingresar a Europa por un plazo máximo de cinco años.
Una de las medidas consideradas más graves por las organizaciones de derechos humanos es la que habilita la posibilidad de retener a menores no acompañados e incluso expulsarlos del país.
La nueva ley garantiza asistencia jurídica a todos los inmigrantes indocumentados. Hasta su aprobación, ocho de los 27 países de la UE podían retener por tiempo ilimitado a los ilegales sin prestarles esta ayuda.
Millones de latinoamericanos residen en Europa, hacia donde emigraron en busca de una mejor situación económica, y muchos de ellos son de países andinos pobres o golpeados por conflictos, como Colombia.
Chávez fue el que llegó más lejos en su ofensiva contra la “Directiva del Retorno”, al llegar a anunciar hasta “una ley de retorno de los capitales europeos, que se vayan y retornen a Europa”.
En Venezuela operan grupos bancarios españoles como el Banco de Venezuela, del Grupo Santander, y el Banco Provincial del BBVA. Las francesas Total y la noruega Statoil figuran entre las compañías europeas que operan en el sector petrolero de ese país sudamericano.
Las naciones europeas son un destino apetecido por los migrantes del mundo, debido a su positiva imagen de espacio de prosperidad y de oportunidades, y allí trabajan en obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales.
Los migrantes representan una solución a los problemas demográficos y financieros de la Unión Europea y con su labor dinamizan el mercado interno y la cohesión social.
De sus emigrantes en el mundo, América Latina recibe cada año más 60.000 millones de dólares de remesas, cifra que supera la suma total de las inversiones extranjeras en la región.
La xenofobia presente en las políticas de los gobiernos europeos se ha acrecentado aún más a partir de las consecuencias de la crisis financiera, la cual ha generado un gran desempleo, afectando en gran medida a la fuerza de trabajo de los emigrantes.
La unión Europea ha rechazado la acusación de que esté “criminalizando” a los inmigrantes latinoamericanos con su “Directiva de Retorno”, subrayando que la intención es “regular mejor los flujos migratorios”.
El pasado jueves, el parlamento español aprobó una nueva reforma de la Ley de Extranjería que vincula el fenómeno migratorio con las necesidades del mercado laboral, y fue calificada de injusta por los inmigrantes. La norma endurece algunos criterios para la reagrupación familiar y amplía de 40 a 60 días el periodo de retención de extranjeros indocumentados.
En España residen 4,5 millones de inmigrantes, el 12 por ciento de la población, y alrededor de un millón son latinoamericanos.
El gobierno español aprobó el “Plan de Regreso Voluntario”, con el que se pretende ayudar a los inmigrantes que han perdido sus puestos de trabajo a regresar a sus países de origen. Ya han regresado a sus países de origen miles de latinoamericanos, principalmente de Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay.
Este plan pretende acoger a 100.000 familias, las cuales cobrarían un subsidio de desempleo, en dos plazos, pero deben cumplir con la condición de regresar a su país de origen y no volver a España por un período de tres años.
Luego de ese período, los inmigrantes desalojados podrán volver a pedir la entrada al país, pero el Gobierno Español no garantiza que puedan realmente hacerlo, debido a que se estima que las medidas acerca de la inmigración se agudizarán, incrementándose las restricciones al movimiento migratorio con destino a España.
Este delicado asunto no ha pasado por alto en esta cumbre iberoamericana y se espera una resolución, donde se demande un trato justo para los emigrantes de América Latina, que recibió más de 6 millones de inmigrantes europeos en la segunda década del siglo XX y ninguno fue retornado a sus lugares de origen. (Xinhua)
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